En los países desarrollados y en gran parte de los emergentes, la competencia tributaria ha impulsado reducciones constantes en las tasas colectivas. El principio que guía esa política es claro: mayor competitividad requiere instituciones sólidas, un clima de negocios favorable y un sistema tributario atractivo para el capital extranjero.
En 1992, se redujo el impuesto sobre la renta corporativa de 46% a 30%, y en 1995 lo fijó en 25%, siguiendo la tendencia global hacia tasas más bajas. Sin embargo, desde entonces el país se ha rezagado: hoy la tasa es de 27%, mientras el promedio de la OCDE ha caído a 21.7% en 2024, según datos de la OCDE y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En cambio, en nuestro país se ha apostado por aumentar las cargas y multiplicar la complejidad normativa. Al mismo tiempo, para compensar la falta de competitividad, ha creado una maraña de leyes de incentivos, exenciones y exoneraciones que benefician a determinados sectores, pero que introducen distorsiones, desigualdades y mayores costos de administración.
A la falta de un sistema tributario competitivo se suma a un ambiente de negocios con debilidades estructurales: mercados laborales rígidos, altos costos en el sector eléctrico, ineficiencias en el transporte de carga, deficiencias en la educación preuniversitaria y un sistema judicial lento y costoso. A esto se agregan trabas burocráticas para la obtención de permisos y la realización de trámites, factores que en conjunto encarecen las inversiones.
La eliminación abrupta de los regímenes de incentivos no es la solución, ya que supondría desconocer derechos adquiridos y generar incertidumbre jurídica. Lo correcto, plantean especialistas, es permitir que esas leyes cumplan su tiempo de vigencia y no renovarlas. De esa forma se fortalece el Estado de derecho, se respetan compromisos previos y se establece un marco más previsible.
Para recuperar competitividad tributaria y atraer inversiones de calidad, se recomienda:
En un mundo donde la competencia por atraer capital es cada vez más intensa, el país nopuede permitirse un sistema tributario que reste competitividad, ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema: muchas deudas fiscales “incobrables” que se inflan con intereses y recargos por mora, llegando a ser mayores que la base imponible original, y algunas incluso están trabadas en los tribunales.
La acumulación de intereses y recargos que superan con creces la base imponible original convierte muchas deudas fiscales en incobrables y genera un círculo vicioso de litigios, evasión y desconfianza. Para romper con esa dinámica, es necesario que el Estado implemente mecanismos más flexibles de regularización, permitiendo acuerdos de pago realistas y la eliminación parcial o total de intereses y moras excesivas.
Esto no solo facilitaría el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, sino que también fortalecería la recaudación efectiva, reduciría la congestión judicial y contribuiría a un sistema tributario más justo, sostenible y competitivo. Una reforma inteligente, gradual y sostenible es la clave para fortalecer la economía y garantizar un desarrollo más equitativo.